Los planes de estabilización no son fórmulas mágicas. Tienen etapas, diagnósticos y, sobre todo, pacientes. El plan argentino actual nació ortodoxo: ancla fiscal, tipo de cambio fijo y una fuerte restricción monetaria. Es, en muchos aspectos, el manual clásico. Y si hay algo que se sostiene con firmeza, es el superávit fiscal como eje del programa: mientras exista, las expectativas de inflación tienden a moderarse.

Pero como todo tratamiento, incluso los más ortodoxos, requiere flexibilidad. La economía argentina tiene características que hacen inviable aplicar literalmente el “modelo israelí” del ’85. A diferencia de otras experiencias, nuestro sistema financiero es pequeño, el crédito es mínimo, la informalidad alta y la dolarización siempre latente. En ese contexto, las señales de esta última semana alertan sobre la fragilidad del diseño actual y, sobre todo, de su implementación.

Más allá del debate por el régimen cambiario (y el natural cimbronazo por la transición hacia un dólar libre), y más allá de las inconsistencias entre el discurso pro-flotación y las intervenciones vía futuros del dólar, lo que realmente marcó un quiebre fue el desarme de las LEFIs, las Letras de Regulación Monetaria que quedaban como último bastión para absorber pesos desde el BCRA.

Se trataba de unos 15 billones de pesos que salieron abruptamente de su refugio. El Tesoro intentó absorberlos con colocaciones, pero no fue suficiente. Esos pesos salieron a buscar tasa. Y como no la encontraron, comprimieron los rendimientos al 12% anual en un solo día. Veníamos de niveles cercanos al 29%. Una caída así en la tasa de interés no es un dato menor: la tasa es el precio del dinero, es el valor del peso. Cuando ese precio cae de golpe, la gente se quiere desprender del peso. Y eso fue exactamente lo que pasó.

El gobierno, que hasta hacía horas sostenía que no habría más pasivos remunerados del BCRA (los famosos “POLmon” demonizados), se vio forzado a retroceder. El combo de presión cambiaria, caída de tasas y pérdida de control del proceso obligó al equipo económico a volver sobre sus pasos: reaparecieron las licitaciones sorpresivas, se reintrodujeron instrumentos para absorber liquidez y las tasas volaron al 39% nominal anual. Todo para evitar una remonetización abrupta que podría volverse contra la desinflación y el avance en la estabilización.

El mensaje de fondo es claro: la demanda de pesos, incluso con superávit fiscal, no se sostiene sin tasas reales atractivas. Como diría el bastardeado Keynes, lo que sostiene hoy la demanda de dinero es una mezcla de expectativa, especulación y necesidad de cobertura. Sin una tasa que compense el riesgo y la incertidumbre, no hay demanda monetaria que aguante.

Ahora bien, el capítulo que sigue es el del crédito. Hasta hace unos días, los datos eran alentadores, el crédito venía creciendo con fuerza, incluso en un entorno de tasas altas y spreads importantes entre tasas activas y pasivas. Eso se explicaba por tres factores:

1. El riesgo de crédito sigue siendo alto y debe compensarse.
2. Había (y aún hay) una demanda latente, sobre todo desde sectores como la construcción.
3. La liquidez de los bancos seguía siendo limitada.

La decisión oficial de ponerle un piso a las tasas implica que el gobierno reconoce que no puede desentenderse por completo del sistema financiero. Hay que ver ahora si se flexibilizan las condiciones crediticias y si los bancos aumentan la oferta de préstamos. Porque si bien un boom crediticio puede ser el preludio de una crisis financiera, no necesariamente es el caso argentino hoy: partimos de niveles bajísimos, con ratios de crédito sobre PBI que siguen siendo marginales.