El corazón de esta nueva iniciativa no es la recaudación fiscal —Milei insiste en que no hay un fin estrictamente tributario— sino la aspiración de que ese desahorro inyecte liquidez directamente al sector productivo. Históricamente, el “ladrillo” es uno de los refugios predilectos ante la incertidumbre, por lo que es lógico que las expectativas de reactivación del sector de la construcción se magnifiquen: se confía en que, en un contexto de estabilización, gran parte de esos fondos formalizados convergerá hacia preventas y proyectos en pozo de viviendas y desarrollos mixtos.

Hasta ahora la expectativa estaba puesta en el crédito —en particular de los desarrolladores inmobiliarios—; sin embargo, el repunte del crédito en la economía real ha sido heterogéneo. Mientras los préstamos prendarios y para pymes muestran señales de recuperación más vigorosas, el crédito hipotecario aún está lejos de los picos registrados en 2018. Este rezago revela limitaciones serias en el acceso.

El éxito del posible plan de blanqueo depende, en última instancia, de la coherencia macroeconómica del conjunto de políticas. Si el gobierno logra mantener el déficit bajo control, evitar saltos bruscos del tipo de cambio y desinflacionar, se crearán las condiciones para que esos USD 200.000 millones ingresen al circuito formal y se canalicen hacia el sector productivo. Si a esto le sumamos mejoras estructurales, como simplificar los trámites y permisos de obra, acortando los plazos burocráticos que hoy pueden demorar el arranque de un proyecto varios meses, tendríamos el escenario optimista: la combinación de nuevo capital formalizado y regímenes simplificados podría disparar un ciclo virtuoso de actividad.