Argentina vuelve a discutir una reforma laboral en un momento incómodo. No estamos en una economía que crece fuerte y quiere modernizar sus reglas para competir mejor. Estamos en una economía que lleva más de una década sin crecer de manera sostenida. El ingreso por persona está prácticamente estancado desde hace más de diez años. Y el mercado laboral no explotó en desempleo masivo, pero sí se fue deteriorando en algo más silencioso: calidad y salario. Ese dato es central. En Argentina, cuando la economía se frena, el ajuste no siempre aparece como miles de personas en la calle sin trabajo. Aparece como salarios reales más bajos, más informalidad, más trabajos inestables y más personas que combinan varias actividades para sobrevivir. Según los datos oficiales, cerca del 40% del empleo es informal. Es decir, casi la mitad de quienes trabajan lo hacen sin aportes jubilatorios ni cobertura completa. No es que no haya trabajo. Es que el trabajo es cada vez más frágil.

¿Por qué ocurre esto? La teoría económica ayuda a ordenar la respuesta. Una empresa contrata cuando el trabajador le genera más valor del que cuesta emplearlo. Ese excedente depende de la productividad, del salario y de todos los costos asociados a la formalidad: aportes, cargas sociales, riesgos legales, incertidumbre macroeconómica. Cuando la economía no crece, la productividad promedio no aumenta. Si además el entorno es volátil, el margen para contratar formalmente se achica.
El problema no es únicamente el precio del trabajo. Es la productividad esperada y el riesgo institucional.

En ese escenario aparece la reforma laboral. El gobierno sostiene que las reglas actuales encarecen y vuelven incierta la contratación formal. Reducir litigiosidad, simplificar normas y flexibilizar ciertos márgenes aumentaría el incentivo a contratar. Desde la teoría de búsqueda y emparejamiento, el argumento no es descabellado.
Pero hay un punto que no puede ignorarse. La evidencia internacional muestra que las reformas laborales no sustituyen al crecimiento económico.

Argentina no enfrenta solamente un problema normativo. Enfrenta una estructura laboral fragmentada. Conviven un núcleo formal relativamente protegido, un sector informal amplio y una zona intermedia de trabajadores independientes o cuentapropistas de baja productividad. La reforma busca reducir esa fragmentación y facilitar la formalización.

La construcción es un buen termómetro de todo esto. Es un sector que genera empleo directo e indirecto y tiene fuerte capacidad de arrastre. Cuando la construcción crece, se activa buena parte de la economía. Pero también es uno de los sectores más sensibles al ciclo, dependiente de la obra pública, el crédito y las expectativas.

Además, la construcción tiene un régimen laboral especial. La Ley 22.250 reemplaza la indemnización tradicional por un Fondo de Cese Laboral.
Esto implica que en construcción el debate sobre “abaratar el despido” no tiene el mismo peso que en otros sectores.
Si la demanda no aparece, la lógica de contratación difícilmente cambie.

Si la obra pública está paralizada y el crédito privado sigue siendo escaso, el problema no es solo laboral. Es de inversión y de demanda agregada.
Argentina sufre de baja productividad y de un crecimiento insuficiente durante más de una década.

El desafío no es elegir entre flexibilizar o proteger. El desafío es diseñar un equilibrio donde haya movilidad sin precarización y protección sin inmovilidad.

La reforma puede ordenar incentivos y reducir incertidumbre, pero no es el motor del crecimiento.
Sin inversión, estabilidad macro, crédito e infraestructura, el mercado laboral seguirá ajustando por salarios reales, calidad del vínculo e informalidad.

La construcción será el test más visible.
Sin proyectos, ninguna modificación normativa cambiará la falta de demanda.

La reforma es una pieza del engranaje, no el motor completo.
Sin crecimiento, cualquier cambio será redistribución en una economía que no expande su capacidad.

Ese es el verdadero debate.