Se constata con la investigación la primacía de la lógica privada en la producción urbana, la permisividad e inacción del Estado y la creciente marginalidad de gran parte de la población que habita espacios inadecuados y no accede a los bienes y servicios que esta brinda. En este sentido El Estado, actor fundamental en la ciudad, no ha contribuido a la mejora de las condiciones del hábitat a pesar de la importante inversión en obra pública.

Para superarlo es necesario re-pensar y reconstruir la ciudad como escenario de la vida colectiva, donde todos los ciudadanos- y no solo aquellos que cuentan con recursos económicos- disfruten los valores urbanos y accedan a los bienes y servicios que la ciudad otorga. Ello significa alcanzar el derecho a la ciudad que constituye un derecho fundamental pues implica habitar con dignidad, igualdad, oportunidad y en relación con los demás.